El PP murciano va a las elecciones con 22 militantes imputados

El Partido Popular presidido por Ramón Luis Valcárcel se presenta a la reelección a un quinto mandato a la comunidad autónoma de Murcia teniendo imputados en los tribunales de justicia a 22 destacados militantes de su partido, entre éstos a siete cargos de su propio gobierno regional, nueve alcaldes y siete concejales. La siguiente es, grosso modo, una cartografía de la corrupción urbanística con la que el PP en la comunidad murciana se presenta a las elecciones del próximo domingo, 27 de mayo. Todo un siniestro cártel de la corrupción política.

La lista de imputados la encabezan tres directores generales (uno de ellos inmerso en dos procesos), una ex directora general (esposa de uno de los directores generales imputados), un subdirector general y dos jefes de servicio.

Le siguen los alcaldes de Águilas, Alcantarilla, Archena, Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, Ulea, Villanueva y Cieza (este último inmerso en dos querellas), y que se presentan como candidatos a la reelección el 27 de mayo.

También tiene imputados a siete concejales, entre estos, todo el gobierno local de Puerto Lumbreras. A ellos se suman dos ex concejales, dos arquitectos municipales y un secretario de corporación de ayuntamientos gobernados por el PP.
Otras investigaciones
Se suman a todos estos procesos en curso que se siguen en los tribunales de justicia investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que afectan a la alcaldesa y concejal de Urbanismo de Cartagena, Pilar Barreiro y Agustín Guillén, respectivamente, y a otro concejal de Mula. El propio ejecutivo regional del PP de Valcárcel está siendo, asimismo, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el caso de descontaminación de una laguna en la sierra minera de La Unión, diligencias que deberán culminarse a lo largo de este mes de mayo.

Cohecho, prevaricación, falsedad…
La totalidad de las acciones judiciales de este mapa de la corrupción en la comunidad murciana se siguen por presuntos delitos relacionados con el urbanismo, el medio natural y la ordenación del territorio. Van desde la prevaricación y el cohecho al tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la falsedad en documento oficial. Y todo ello al calor de un urbanismo desaforado hasta ahora desconocido fruto de una ley del suelo del gobierno Aznar hace escasos días derogada por el gobierno Zapatero. Y a una ley del suelo y normas de ordenamiento territorial en la región murciana puestas en vigor por el gobierno Valcárcel que desprotegen más de once mil hectáreas de su patrimonio natural, tanto en la costa como en el interior y que, como la de su correligionario, aboga por la liberación total del suelo para su urbanización.

Proyectos insostenibles
A través de los denominados convenios urbanísticos que tramitan los diferentes ayuntamientos murcianos, hay proyectadas construir en la región murciana entre 500.000 y 800.000 nuevas viviendas y decenas de resorts y hoteles y cincuenta nuevos campos golf, para una población residencial que duplicaría o triplicaría la población actual, en una región situada en el ecumene del equilibrio ecológico y con un déficit hídrico histórico y estructural, una extensa plataforma agraria y con un serio proceso de desertificación

Valcárcel no cumple
La corrupción urbanística que lacera la mayor parte de los espacios municipales de la región y que tiene judicializadas las actuaciones políticas del PP de los últimos años se ha convertido en centro de debate en la presente campaña electoral de municipales y autonómicas. Es un asunto central en los mítines del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del candidato socialista a la presidencia de la comunidad murciana, Pedro Saura. Desde el PSOE se señala que Valcárcel no cumple con su palabra, pues ya en el año 1995 se comprometió públicamente a exigir responsabilidades políticas cuando “hubiera dudas razonables de las actuaciones de los altos cargos del PP”.

Candidatos corruptos
También para el candidato de Izquierda Unida Los Verdes a la comunidad murciana, José Antonio Pujante, Valcárcel tendría “que asumir su responsabilidad y cumplir con su palabra” puesto que de lo contrario es “cómplice de un presunto caso de corrupción”. Sin embargo, el PP no sólo ha alejado a sus militantes imputados de sus cargos públicos, sino que, en el caso de los alcaldes y concejales, los mantiene en sus listas electorales del domingo 27 de mayo, y la portavoz parlamentaria socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, arguye que la cabeza de toda esta corrupción es el propio Valcárcel.

La Zerrichera, el peor caso
El caso de corrupción urbanística más importante que tiene contra las cuerdas de la justicia al Partido Popular y a su presidente, Ramón Luis Valcárcel, es sin duda el de La Zerrichera. Cinco altos cargos de su gobierno están gravemente imputados en el procedimiento que sigue el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. También lo está el alcalde y un ex concejal de Águilas, todos ellos destacados militantes del PP. La investigación sobre la reclasificación urbanística de este paraje protegido por la Unión Europea apunta la posibilidad, incluso, de que el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuña, y el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, se vean inmersos en el proceso judicial. Los presuntos delitos contra los imputados son gravísimos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios y delito urbanístico.

Protegido por la UE
La Zerrichera es uno de los pocos parajes naturales intactos en la región de Murcia y está declarado por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Este espacio natural está situado en la sierra de la Almenara, al sur de la región de Murcia y pertenece al municipio de Águilas. Para su especial protección, la consejería de Medio Ambiente llegó a recibir 800.000 euros de la Unión Europea, a través del Proyecto Life.

Constructores enriquecidos
El grupo Hispania Inversiones planea un proyecto urbanístico en este paraje para la construcción de 4.000 viviendas, hoteles y un campo de golf de 18 hoyos, para una población residencial de unas 15.000 personas. El presidente de Hispania, Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, ha llegado a acusar públicamente a Valcárcel de “cobarde” por no haber cumplido sus compromisos. El promotor Casanova había vendido los terrenos a la Kutxa, pocos días después de la reclasificación urbanística lo que, sin levantar un solo ladrillo, le supuso un beneficio de 75 millones de euros. En todo este escándalo de corrupción, el ahora candidato socialista al ayuntamiento de Águilas, Ramón Román, denunció ante el fiscal jefe de Murcia que el concejal Pedro Gil, expulsado del PSOE, hizo de intermediario de Casanova, al ofrecerle un millón de euros para comprar su voto en la reclasificación de La Zerrichera.

La laguna, amenazada
Sobre el director general de Calidad Ambiental, el militante del PP Antonio Alvarado, marido de la también imputada Encarna Muñoz, ex directora general del Medio Natural, no sólo recae la querella de la Fiscalía sobre el caso de La Zerrichera, sino también otra por presunto delito urbanístico en Puerto Mayor, en un proceso en manos del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. En este caso, donde se contempla la construcción de un puerto deportivo de mil amarres, 3.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en suelo de dominio público marítimo-terreste, está también querellado el director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño, que dimitió tras conocerse este proyecto ubicado en el canal del Estacio, que crearía daños irreversibles sobre el Mar Menor y La Manga, ya que dicho canal sirve para la renovación hídrica de la mayor laguna marítima del mediterráneo.

Lo curioso de este caso es que el número tres del PP regional y concejal de Fomento en el ayuntamiento de Murcia, el constructor Antonio Sánchez Carrillo, como miembro del consejo de administración de la empresa promotora tenía la función de supervisar y controlar las obras de Puerto Mayor, y abandonó dicho consejo tras conocerse el escándalo.

Políticos accionistas
Sánchez Carrillo, número dos del ayuntamiento de Murcia, también es accionista, junto al abogado Carlos Valcárcel, hermano del presidente del PP, Ramón Luis Valcárcel, de la empresa de construcción y promoción inmobiliaria, Ronda Sur Levante, que lleva a cabo proyectos en la zona norte de la ciudad de Murcia.

Toda una saga familiar
El candidato socialista a la comunidad murciana, Pedro Saura, ha acusado también a Valcárcel de pertenecer a una “saga” familiar propietaria de más de una decena de empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria para hacer “pingües negocios”. El abogado Carlos Valcárcel, hermano del candidato del PP, está presuntamente involucrado en el caso Lo Poyo, otro mega proyecto urbanístico en otro paraje natural del Mar Menor en donde el cartagenero Roca, cerebro de la trama del ayuntamiento de Marbella, invirtió en la compra de terrenos para su posterior recalificación por el ayuntamiento de Cartagena.
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