2 de marzo de 2007

El Gobierno socialisa asume el 100% de las consecuencias.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Gobierno “asume al 100% las consecuencias” de su decisión de aplicar prisión atenuada al etarra Iñaki de Juana Chaos. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicaba horas antes que todo el Ejecutivo afronta la impopularidad de esta medida, añadiendo: “El presidente también se come el marrón”. De la Vega ha dicho que, aunque al Gobierno “no le gusta” la decisión, se ajusta a la legalidad. “A diferencia de los terroristas, el Estado de Derecho es magnánimo aunque tengamos que tomar decisiones que producen rechazo”, ha añadido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha explicado que “el asunto ha genarado un amplio debate social que el Gobierno respeta, asume y afronta”. “Queremos trasladar a todos los ciudadanos nuestra profunda compresión por la incertidumbre que genera la decisión, nuestro respeto por las críticas y nuestra más absoluta disposición a explicar con trasparencia y responsabilidad nuestras decisiones”, ha apostillado. “Los terroristas nunca van ganar la partida a la ley, a pesar de la generosidad incluso a veces difícil con la que actua y tiene que actuar el Estado de Derecho”, ha concluido.

A preguntas de los periodistas, De la Vega ha apostado por aportar “sosiego” al debate. Para empezar, ha querido transmitir su punto de vista sobre algunos comentarios a la decisión: “Se dice tranquilamente que De Juana queda liberado. No es cierto. Sigue cumpliendo condena en segundo grado y con una medida de atenuación derivada de su estado físico. Se dice que se ha cedido al chantaje. No es cierto. El Estado no acepta chantajes. Si hay ley, no hay chantaje porque la ley no lo admitiría. Se dice que es el pago de un precio político. No es cierto. El Gobierno no paga precios políticos ni los pagara nunca. Es una decisión política porque gobernar es tomar decisiones políticas”.

“El Gobierno ni acepta chantajes ni paga precios políticos: gobierna porque así lo han decidido los ciudadanos. El Gobierno aplica la ley y la interpreta con valores constitucionales y uno de esos valores es el respeto a la vida. La vida está por encima de la muerte”, ha añadido. “El Gobierno comparte con los ciudadanos el rechazo general que conlleva esta decisión. Cuando se gobierna hay que tomar decisiones y a veces hay algunas que producen una enorme satisfacción, otras gustan menos y otras nos producen un rechazo total. Pero el sentido de la responsabilidad y la defensa del Estado de derecho deben primar por encima de cualquier otra consideración oportunista o partidaria”, ha terminado.

Horas antes, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, justificaba de nuevo su decisión de dejar en prisión atenuada a De Juana y tachaba de “hipócritas e indecentes” las declaraciones de algunos líderes del PP al respecto. Rubalcaba es consciente de que políticamente el Gobierno entero sufrirá desgaste por una medida que sabe impopular: “El presidente del Gobierno también se come el marrón, no hay más que ver los ataques furibundos que sufrió ayer”. Para atenuar ese desgaste, ha anunciado que se esforzará “para que los ciudadanos comprendan la decisión, aunque no espero que la compartan”.

“Había dos posibilidades: Una, que De Juana muriera en prisión, lo que tendría como consecuencia que se convertiría en alimento para el fanatismo que ya llevamos muchos años sufriendo. La segunda era una medida legal de prisión atenuada, que se ha tomado más veces y que demuestra que el Estado de Derecho es firme. Ninguna opción era buena, pero la segunda es mucho mejor que la primera”, ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser.

Rubalcaba se ha referido a las palabras de ayer del secretario general del PP, Ángel Acebes, que dijo que si el Gobierno de su partido hubiera cedido, Miguel Ángel Blanco (concejal popular asesinado por ETA en 1997), estaría vivo. Rubalcaba ha respondido que si aquel Ejecutivo hubiera podido salvar la vida de Blanco decretando la prisión atenuada para alguien, “lo habría hecho una y mil veces”.

"Utilizar el caso de Miguel Ángel Blanco es una indecencia", ha dicho Rubalcaba, que también ha criticado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (“[Ayer fue] el día más triste para la democracia española, después del 23-F”), recordándola los atentados del 11 de marzo de 2004 en la capital.
elpais.com

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