El último informe sobre España elaborado por la OCDE incide en la preocupación que suscita, dentro y fuera de nuestras fronteras, el desorbitado crecimiento del sector de la construcción como motor del despegue económico y los riesgos que conlleva un modelo que ha desbocado hasta tal punto los precios de la vivienda que los hace inasequibles para el 25% de la población. La organización que agrupa a los países más ricos del mundo constata que la cuantía real de los pisos está sobrevalorada en un 30% y alerta de los peligros que pueden cernirse sobre un progreso económico desequilibrado si la subida de los tipos de interés, la consiguiente reducción de la demanda y un descenso pronunciado en el importe de los inmuebles desaceleraran la actividad constructora de forma significativa. El estudio plantea a la Administración española dos recomendaciones: la supresión paulatina de las ayudas fiscales a la compra de la residencia habitual y el fomento del alquiler para estabilizar el mercado.La política de desgravaciones ha favorecido el acceso a la vivienda en unas circunstancias cada vez más adversas por el alza continuada de los precios. Pero resulta censurable que los responsables económicos hayan seguido promoviendo esos incentivos sin explorar de manera decidida otras alternativas, ante la evidencia de que el mercado libre continuaba creciendo a un ritmo desmesurado, difícilmente sostenible a largo plazo, y que las nuevas generaciones comenzaban a soportar un endeudamiento que en la mayoría de los casos se proyecta hasta el final de su vida laboral. Resulta obligado reconsiderar si el estímulo fiscal ha servido para paliar el problema o ha terminado por generar otros, contribuyendo a la multiplicación de hipotecas difíciles de afrontar con un salario medio. La revisión de las ayudas constituye una decisión probablemente inaplazable, pero que debe encararse con el debido cuidado y sin incurrir en las precipitaciones que lastran, en demasiadas ocasiones, la política de vivienda.La constatación de que las dificultades para disponer de un hogar constituyen un déficit estructural obliga a los poderes públicos a evitar soluciones coyunturales y de legalidad cuando menos dudosa, como la imposición de gravámenes a los pisos vacíos propugnada por el Gobierno vasco y la Generalitat catalana. Los alquileres no se verán favorecidos por el castigo a los dueños de los pisos deshabitados, sino por la adopción de ventajas fiscales para el arrendamiento, una mayor seguridad jurídica en las relaciones entre propietarios e inquilinos y, probablemente lo más complejo, un cambio en la mentalidad tan arraigada que vincula la solidez del proyecto de vida a la adquisición de un domicilio. El impulso al alquiler ha de constituir así un objetivo preferente para los distintos gobiernos, cuyas políticas deben apuntalarse con una actitud racional y responsable de la ciudadanía.
2 comentarios:
Quitar las ayudas fiscales para la adquisición de la primera vivienda me parece un error. Si hay que controlar el precio de la vivienda (y yo creo que sí), lo primero que hay que hacer es controlar el precio del suelo.
Con un suelo caro se encarecen el resto de los costes y beneficios de la construcción, porque todo el mundo quiere sacar su parte del negocio y las inversiones deben ser mayores.
Eliminando las ayudas fiscales, puede que se controle el precio de la vivienda, pero será a costa del comprador, del que tiene derecho a la vivienda y no puede acceder a una vivienda a precios razonables, porque las viviendas de protección oficial o tasadas son insuficientes para cubrir la demanda.
Por otra parte, el primero que debe dar ejemplo siempre es el que 'manda'. Las viviendas de protección oficial, desde mi punto de vista, debieran ser todas de alquiler, y el alquiler debiera estar ajustado a las posibilidades de cada uno.
Creo que no tiene sentido que, pasado un periodo de tiempo (el que sea) las VPO pasen a ser libres, y sirvan también para especular.
Existe el derecho a la vivienda digna, no a poseerla.
No me gustan las medidas que se toman, para equilibrar los datos macroeconómicos, que al final repercuten principalmente en el ciudadanito de a pie.
Sí, a final de cuentas el ciudadano de a pie es quien termina pagando lo que los gobiernos (quien "manda") no resuelven o arreglan para beneficio de unos cuantos. Luego, lo lamentable es cuando quien "manda" es salido de las izquierdas. En México, desde 1997 la ciudad capital ha estado gobernada por el supuestamente izquierdista Partido de la Revolución Democrática, que en las elecciones del año pasado fue renovado al frente del gobierno capitalino. Estamos a casi una década de gobiernos de izquierdas que terminaron haciendo lo inconcebible: entregaron la ciudad a la oligarquía y la devolvieron al antiguo régimen. Ahora, el centro histórico da jugosos rendimientos, entre muchos otros negocios, con el de la construcción de nuevas viviendas que, frente a las aún sobrevivientes vecindades y predios de la colonia vecina, dan cuenta de un mundo totalmente diferente.
Hoy por hoy, buena parte del centro de la llamada ciudad más grande del planeta (o por lo menos la más poblada) parece más apología de la novela de José Saramago, La caverna, que a los proyectos de vivienda social que uno podría esperar de un gobierno de izquierdas.
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