Insumisos del tabaco

En los seis primeros meses de aplicación de la ley antitabaco, el consumo de cigarrillos cayó en España un 3,5%. No ha hecho falta esperar mucho para observar los primeros beneficios de una norma que ha de poner freno a un hábito que cada año cuesta la vida a más de 50.000 españoles. Pero si nadie se atreve ya a discutir la justificación sanitaria de la ley, su aplicación ha topado este mes de septiembre con un inesperado obstáculo. Después de que entrara en vigor sin conflicto en el ámbito laboral, la norma ha chocado ahora con la resistencia del sector de la hostelería y la restauración, que ha encontrado en algunos Gobiernos autónomos del PP un camaleónico aliado de conveniencia. Pues si bien por un lado predican la bondad de la lucha contra el tabaco, por otro se muestran dispuestos a rebajar las exigencias de la ley para contentar a este sector de la hostelería.
La inmensa mayoría de los restaurantes de más de 100 metros no han realizado las obras que la ley exige para separar físicamente las zonas destinadas a los fumadores. Los gremios han alegado que no han tenido tiempo suficiente, pero lo cierto es que en los ocho meses que tenían de plazo muchos ni siquiera han iniciado los trámites para las obras. Ahora se han visto abocados a declarar libres de humo sus locales, o arriesgarse a una sanción que puede llegar a los 10.000 euros.
Pero lo más preocupante es la actitud de desafío adoptada por algunas administraciones autónomas. Los restauradores han ejercido su capacidad de presión por una mera cuestión económica como es ahorrarse el importe de las obras. Pero los Gobiernos autónomos que han adoptado una velada, cuando no abierta, actitud de insumisión institucional deberán explicar muy bien a los ciudadanos por qué anteponen los intereses económicos de unos pocos a la salud de la mayoría y qué poderosa razón les ampara para modificar una ley que fue aprobada en su día por mayoría absoluta del Parlamento.
El decreto de la Comunidad Valenciana que rebaja las exigencias de la ley -ya recurrido por el Gobierno central-, los anunciados por las de Madrid o Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP, y la interesada confusión que se ha creado en otras, han dado alas a los establecimientos que se resisten a aplicarla. Pero la firmeza con la que necesariamente tiene que responder el Gobierno central a semejante desafío les hará ver, a la postre, que hay cosas con las que no se puede jugar. Las leyes están para ser cumplidas y las primeras obligadas a ello son las administraciones públicas. Es imprescindible que todas las administraciones asuman un compromiso de lealtad institucional, pues lo ocurrido estos días lo único que consigue es mermar la confianza de los ciudadanos y extender la idea de que el poder político, cuanto más fragmentado, más vulnerable es a las presiones.

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