Antes de Santa Lucía y de que los días vuelvan a crecer, la Región de Murcia volverá a ver la luz de la decencia. De aquí al 13 de diciembre se esperan en Murcia y Cartagena sonadas detenciones de conocidos personajes de la política y los negocios, a cargo de brigadas especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ahora con un eficaz mando único de 44 años, al objeto de cortar de raíz el poder económico y el súbito crecimiento de las mafias locales con base en la corrupción urbanística y peligrosas amistades en el exterior. La detección de demasiado dinero ruso, de dudosa procedencia, en determinadas manos murcianas encendió la alarma policial y alertó a los sensibilizados políticos norteamericanos.
Será, es, una de las derivaciones de la “Operación Malaya” pero que aquí tendrá nombre propio y unos protagonistas sorprendentes, por muy conocidos algunos e inesperados otros. Podemos estar en vísperas de una verdadera catarsis de nuestra pequeña democracia, afrentada tras la codicia desatada en aparentes ciudadanos teóricamente entregados a un interés general, al que han tumbado brutalmente en los últimos tiempos aunque con mucho menos beneficio y más riesgo del que esperaban. Su número fatal es el 42, que son precisamente los meses de un desatado frenesí de Cabo Palos al Noroeste pasando por la Castellana.
Las significativas deserciones expositoras en un reciente salón inmobiliario regional, muy parcial y desangelado en su última edición, más conocido ya de antes como el “salón de los capos” (trajes de Armani, vehículos de gran cilindrada, jóvenes amantes y algo de polvo blanco) son todo un síntoma de la tormenta que se aventa y de la esperada decisión del Consejo de Ministros de retirar temporalmente las competencias de supervisión urbanística a la Comunidad Autónoma por su presunta violación sistemática de la legalidad vigente. Por algo más que una ocupada agenda no apareció esta vez Valcárcel por el sospechoso Torre Pacheco.
Sería la primera y triste vez de algo así en la reciente historia descentralizadora de España por un ¿inmoral o amoral? desempeño de funciones públicas, que debe sentar precedente para Andalucía y la Comunidad Valenciana en primer lugar. Pero el escarmiento se prefiere dar en una región pequeña, atrasada (la penúltima, según el último estudio de las cajas de ahorro), dividida y casi irrelevante por representar en el contexto nacional un 2,5% en casi todo. Crear la provincia de Cartagena no añadiría valor económico y seguramente complicaría el “statu quo” político aunque sea de justicia tender sin prisas a su creación al margen de ocultas intenciones y las fuertes resistencias a perder poder algunos desde Murcia.
Un determinado consejero del actual gobierno autónomo puede tener, debido a esa supuesta falta muy grave, serias dificultades con la Justicia en los próximos meses y, hasta el propio presidente-candidato, podría verse obligado a declarar en un sumario, aunque sea por escrito, en/desde su despacho de San Esteban. De verdadera traca todo esto, a medio año de las elecciones locales y regionales, de llegar a producirse finalmente esa inhabitual circunstancia desde una institución mucho más impermeable a las presiones mafiosas y con mayor capacidad de resistir la corrupción.
Hay quien busca por eso, desesperadamente, llegar a ser cuanto antes diputado regional para disfrutar del estatus de persona aforada. Puede ser el caso de un relevante, y como ahora vemos, ingenuo concejal-constructor huertano, con relaciones societarias bastante comprometidas a día de hoy por su pulso a una devaluada mafia cartagenera tras el golpe asestado en Marbella a los testaferros de prominentes republicanos de nuevo cuño. ¿Está dificultando esa circunstancia la reforma del Estatuto de Autonomía para no tener que abordar la creación de una nueva provincia?
La mafia de Lorca ya se encarga de enredar con Murcia para complicar la situación, amenazando con pedir la suya para que todo siga igual: pacto histórico a dos contra uno, si no, ¿cómo pudo gobernar Collado tanto tiempo?
Diversas fuentes policiales y de la Audiencia Nacional coinciden en confirmar en privado la existencia real de una lista de ilustres ciudadanos a detener en nuestra región a raíz de unas diligencias previas relacionadas con algún tipo de presunto delito económico a gran escala y que hace unos meses podría haber llevado hasta las islas Caimán, en el Caribe, a un conocido financiero lorquino en busca de avales suficientes para una tan enorme operación, que hizo recelar al Departamento de Estado USA por su cuantía, hasta truncarla. Eso obligó a mirar a un singular, por muy profesional, paraíso fiscal europeo y a mantener unas accidentadas negociaciones, aún sin cuajar por la resistencia de la mitad de una de las partes. Hay que decir, que tanto el BBVA como el BSCH se negaron en su día a emitir esos avales al verlo todo muy polarizado, aparentemente en manos exclusivamente murcianas y sin las suficientes garantías de devolución.
La guerra abierta de años entre las mafias político-económicas de “cuello blanco” de Murcia y Cartagena ha provocado tal escalada de “y yo más”, que el intento más determinante de retorno a la normalidad ha requerido de un alto consenso institucional nacional para una definitiva solución policial y judicial, que tratará de descriminalizar de raíz la actual vida pública murciana; un hecho que también preocupa en Bruselas tras conocerlo oficiosamente hace más de año y medio, el comisario de Justicia, Franco Frattini, por medio de algunos murcianos discretos desplazados al efecto y tras hacerle llegar previamente algunos indicios racionales y provocar su interés. Durante cierto ministerio, el CNI no ha sido ajeno a lo que sucedía en la Región, hasta colar “topos” en San Esteban y trillar teléfonos de gentes conocidas por muy activas en la política y los negocios.
El nuevo mando unificado de Policía y Guardia Civil ya ha ordenado actuar en la Región de Murcia en dos frentes, en coordinación con los fiscales anticorrupción y de delitos urbanísticos o medioambientales, para descabezar de cuajo la delincuencia de “cuello blanco” con equipos de especialistas basados en Madrid y no susceptibles de ser influidos por un determinado entono. Se van a investigar y analizar patrimonios personales y, de paso, a investigar también la delincuencia organizada y los atentados flagrantes contra el medio natural. El objetivo político es acabar en nuestra tierra con una sensación generalizada de impunidad entre los que manejan mucho dinero fácil con origen en la corrupción desatada. Corruptores y corrompidos van a estar muy pronto, si no lo están ya, preocupados en la Región de Murcia. Parte del trabajo lleva algunas semanas terminado.
La presión financiera de las mafias foráneas para blanquear dinero del tráfico de droga en la muy rentable construcción o en suelo edificable, su capacidad de corrupción y coacción, parece la explicación más plausible a una desatada e irracional expansión urbanística que, con la complicidad de determinadas instancias públicas (son bastantes los políticos en oferta para ser corrompidos), se ha desarrollado también en la Región de Murcia aunque todavía de forma incipiente. De lo que ahora se trata es de abortar este nuevo ciclo delictivo y de detener esta corrupción rampante antes de que sea más determinante en la vida de todos los murcianos.
Está por probar sus conexiones estructurales con nuestras mafias locales y sus inversiones menores con dinero gris, pasado por Caimán y mezclado con otras monedas hasta confundirse. Nuestros mafiosos cercanos están callados o de viaje estos días de “puente” al saber del desplazamiento de dinero negro desde otras costas a la de Murcia, como un nuevo territorio de oportunidad pese al movimiento policial y judicial en torno a instituciones debilitadas por la corrupción aunque en la creencia de que, por el contrario, se estaba creando empleo y riqueza entre los votantes de cara a 2007. Son mayoría los alcaldes de la Región a quienes poco importa que, de forma irreversible, se deshaga nuestro medio ambiente tan bien conservado.
La no casual casi reaparición pública de Antonio Gómez Fayrén, uno de los pesos pesados de la política regional de la derecha murciana y, en principio, para sustituir al cartagenero Francisco Celdrán al frente de la renovada Asamblea Regional, puede tener mucho que ver con las eventuales consecuencias últimas de toda esta situación al reservarlo los poderes fácticos como una alternativa de urgencia en caso de que los efectos de las operaciones en marcha aconsejasen alguna dimisión inevitable, aún tras el 27 de mayo, o una retirada “in extremis” de la carrera electoral previa a esa fecha.
Los cartageneros del PP se han lanzado ya a la yugular política del inquilino de San Esteban, con todo su poder político residual y fuero activo, por disputarles a los suyos territorio y negocio.
Asegurado el eventual relevo por una figura previsible y servidora del Estado como alto y leal funcionario, por si no ganara el PSRM de Saura las autonómicas próximas, quedan abiertas todas las posibilidades. Durante el pasado verano las actividades policiales sobre nuestro territorio han sido más que intensas y la Fiscalía del TSJ no ha llegado a cerrar por vacaciones. En esos tres meses de canícula, quienes se saben en las citadas listas han pasado los peores días de su vida ante la incertidumbre de ser detenidos en cualquier momento y, tal vez, hasta en presencia de su propia familia.
