No es la primera vez que en la antesala de un proceso electoral se cierne el fantasma de las irregularidades. Pero en esta ocasión, la amenaza ha arreciado hasta extremos inaceptables. La Oficina del Censo ha detectado 235 casos en que el censo municipal ha sido hinchado sospechosamente, y nueve de ellos han sido llevados a la fiscalía. Y en Melilla ha sido imputado judicialmente el gerente del PP por falsedad en «un posible delito electoral» (además, este personaje, sorprendido in fraganti cuando habÌa encargado copias del impreso para el voto por correo a una imprenta, ha mentido al asegurar que, tras interesarse el juez por el asunto, se hallaba en libertad «sin cargos»). Es del todo probable que las direcciones de los partidos no tengan responsabilidad alguna en esta situación, ni siquiera conocimiento de la picaresca que desarrolla su militancia, pero no pueden mirar hacia otro lado: las elecciones son sagradas en democracia, y quienquiera que trate de manipularlas habrá de cargar con la grave sanción que imponen las leyes. Además de la sanción moral -política- que resultará inevitable si terminan probándose las irregularidades.
Antonio Papell
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