Ante la estrategia política puesta en marcha por el Partido Popular de descrédito de nuestro Estado democrático, las personas que suscribimos este documento, comprometidas con nuestro país, con las instituciones que nos representan y con la defensa de los valores éticos, constitucionales y progresistas, queremos
MANIFESTAR
1. El malestar que albergamos como ciudadanos y ciudadanas ante el grave ejercicio de irresponsabilidad que demuestra el Partido Popular con sus declaraciones, poniendo en duda nuestro actual orden constitucional, basado en un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y el sometimiento a la misma de todas y cada unas de las Instituciones y poderes del Estado.
2. Mostrar nuestro más enérgico rechazo y expresar nuestra condena a las aberrantes declaraciones en contra del Gobierno de la Nación, acusándole de instaurar un régimen dictatorial. A lo que sumamos las falsas e infundadas acusaciones realizadas contra las Instituciones y Organismos de él dependientes de obrar al margen de la ley y de forma arbitraria, así como las de actuación sectaria, ilegal y antidemocrática de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Todo son maquinaciones para generar crispación y desviar la atención frente al verdadero mal de fondo, que son los casos de corrupción política que en los últimos meses salpican al Partido Popular a lo largo y ancho del territorio nacional.
.
3. Exigir la dimisión inmediata de los dirigentes del Partido Popular, principal partido de la oposición y supuesta alternativa política de gobierno, que están realizando tales declaraciones. Están demostrando una falta de pudor democrático y una baja catadura moral indigna de unos cargos de representación pública; y es necesario recordarles que son representantes de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y miembros de las Instituciones que pisotean, a la vez que se encuentran faltando gravemente al respeto a los valores constitucionales a los que deben someterse en sus actuaciones.
.
4. Pedir un retracto público, en los mismos medios y formas, de aquellas personas que han realizado manifestaciones claramente calumniosas contra las instituciones elementales del Estado, en lo que consideramos un abuso del derecho a la libertad de expresión.
.
5. Solicitar a todas las Instituciones del Estado que han sido atacadas, en cumplimiento de la defensa de los intereses nacionales, la adopción y puesta en marcha de medidas judiciales, así como la actuación de oficio del Ministerio Fiscal contra las personas que se encuentran cuestionando su independencia y sometimiento a las leyes del Estado. Acciones justificadas por estimarse que se encuentran incurriendo en delito de Injurias, tipificado en los artículos 504 y 505, y calificado en la Sección 1.ª del Capítulo III del Título XXI del Código Penal Español, como delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes.
